En un entorno de economía globalizada, las políticas fiscales, en conjunto con otras, juegan un papel determinante para el desempeño económico de cada país, a su vez que los ingresos tributarios forman parte esencial para atender las necesidades de la nación y de los objetivos de crecimiento para el bienestar de sus ciudadanos. Consecuentemente, el tratamiento de la política fiscal no solo debe analizarse desde el interior del país, sino que debe evaluar la perspectivas y cambios que otros países experimentan para ser más competitivos, sobre todo en relación con aquellos con los que México tiene relación comercial, o que representan una competencia directa con las actividades que se desarrollan por mexicanos. Sin duda, la política fiscal para un año o para un periodo, es crucial para atender esas necesidades primordiales y para lograr los objetivos complejos y amplios en un corto y mediano plazo.
De acuerdo a la Tax Foundation – organismo internacional y sin fines de lucro – quien evalúa anualmente el avance de los países en cuanto a las mejoras de la competitiva fiscal, informa que México ha descendido 2 lugares en el ranking de 36países, en 2019 se situaba en el 29 y en el presente 2020 pasó a un deshonroso lugar 31, ocupando así uno de los últimos 5 lugares.
Para determinar el lugar, la fundación emplea una metodología de medición tomando en cuenta los diferentes impuestos que tiene cada país. Uno de los puntos de medición, es el número de horas que emplean los contribuyentes en calcular y pagar sus impuestos, y en México se estima que toma 100 horas para determinar el impuesto sobre la renta (empresas y/o personas físicas) y el impuesto al valor agregado (impuesto al consumo), por cada uno de ellos. Otro aspecto relevante de medición en la que tiene desventaja, es la tasa del impuesto a las empresas, la cual es del 30%, siendo de las más elevadas, el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es del 23%. Otro dato negativo a destacar, es que no solamente se invierten muchas horas para la determinación del impuesto, sino que también interviene el desconocimiento de las leyes fiscales, así como la alta complejidad de entendimiento y aplicabilidad que revisten cada una de las mismas, adicionado con el aumento permanente de obligaciones de formalidad que deben cubrir, tales como los soportes documentales de cada una de sus operaciones, en éste aspecto, México ocupa el penúltimo lugar de la lista. Lo preocupante es que no se ve ninguna tendencia a mejorar este aspecto, sino todo lo contrario, pues con las reformas legislativas de cada año, así como también con las resoluciones de los tribunales fiscales, cada vez es más excesiva la cantidad de formalidades que deben cubrir los contribuyentes para considerar que esta cumpliendo en forma correcta.
Dentro de los aspectos que se consideran a favor de México, son, por un lado, la tasa del impuesto sobre la renta personal sobre los dividendos, que es del 17.1%, por debajo del promedio de la OCDE de 23.9%, y por otro lado, que las empresas pueden deducir el impuesto pagado sobre la propiedad (predial), aunque esto último no es un gran aliciente para las empresas, toda vez que la tasa predial es relativamente baja y solo aplica para aquellas que son propietarias.
En México, el presidente se comprometió a no incrementar los impuestos durante su administración, y a casi 3 años de gobierno, prácticamente lo ha cumplido, salvo por algunos cambios que no podrían considerarse un incremento relevante, lo cual, aunque ha ayudado a que no sea peor la evaluación de la competitividad fiscal, tampoco hay medidas suficientes para mejorar la posición, pero sobre todo, para convertir al país en un destino más atractivo para la inversión, para el intercambio de negocios, y consecuentemente mejorar las condiciones económicas del país y de los ciudadanos.
El entorno de la pandemia, y su afectación a la economía, hace que sea imposible diseñar políticas económicas que conlleven a tomar medidas de mayor competitividad, tales como disminución de tasas, mayores deducciones, u otorgar facilidades que redunden en la economía de los contribuyentes, todo lo contrario, las recientes reformas fiscales aplicables para el 2020, solo tienen medidas tendientes al incremento de los ingresos tributarios, otorgando mayores facultades a la fiscalización de los contribuyentes, y ya se ha anunciado que se incrementarán los actos de fiscalización, maquillado un tanto hacia los contribuyentes que realizan evasión mediante esquemas agresivos o mediante prácticas directas de evasión, denominadas factureras.
Debido a lo anteriormente expuesto, se visualiza que en los inmediatos años siguientes, prácticamente no habría posibilidad de mejorar en el ranking de la competitividad fiscal internacional, aunado a la ideología política del presidente actual, es decir, a las políticas implementadas que están enfocadas a un destino fundamentalmente de corte social, a través de programas a sectores vulnerables, pero sin ninguna otra medida de política fiscal que las soporte y busque un equilibrio, tales como estímulos a los sectores de la producción, o de atracción de inversión extranjera, entre otras.
Dr. Adrián Gómez Oyanguren. Doctor en Ciencias de lo Fiscal